El comunicado explicita:
En la presentación se enumeraron medidas que contradicen derechos fundamentales de la Constitución de la República Argentina y el sistema democrático, como también los derechos humanos y el derecho al desarrollo sostenible, incluyendo:
? Un 118% de mega devaluación de la moneda, causando una ola de aumentos de precios y un aumento desorbitado de la inflación.
? Un "protocolo antipiquetes" que prohíbe la protesta en las calles, anunciando la quita de subsidios públicos a los manifestantes, reclamando su identificación facial e imponiendo multas a las organizaciones convocantes.
? Un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N|70/23 para la "desregulación económica del país", con 366 artículos, que deroga unas 300 normas vigentes, incluyendo más de 40 leyes, que desplaza al Código Civil, a la Ley de Contrato de Trabajo, anula la Ley de alquileres y deja sin regulación la sanidad privada, el sector aerocomercial y los medios de comunicación, colocándolos a merced de las empresas privadas.
? El DNU habilita la privatización de empresas públicas y consagra un régimen de "Sociedades del Estado» preparatorio de la privatización, con el objetivo de entregar a corporaciones los recursos estratégicos del pueblo argentino.
? Para completar el proyecto de demolición del Estado-Nación, Milei envía al Congreso el Proyecto de "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" (Ley Ómnibus), que consta de 664 artículos y, -al igual que el DNU- (ambos sin dictámenes previos y anónimos, es decir, sin autoría), comienza por solicitar al Parlamento la suma del poder público a través de "delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo" en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social. Afecta casi todos los ámbitos de la vida de las personas: reorganización administrativa, desregulación económica (medidas fiscales, transferencias de inmuebles, operaciones de crédito público, bioeconomía, comercio de carnes); Seguridad y Defensa (organización de las protestas, resistencia a la autoridad, legítima defensa, etc.); Justicia (eliminación y censura de artistas en materia de propiedad intelectual, juicio por jurados, traspaso de jurisdicciones judiciales, etc.); Ambiente; Capital Humano (cultura, educación, empleo público, etc.). Con particular saña se desfinancia y persigue a la cultura.
? Con gran semejanza con la dictadura militar de 1976, impulsa transformaciones regresivas en materia laboral, prohibiéndose el derecho de huelga, reduciendo las indemnizaciones, la licencia por maternidad, eliminando las sanciones contra el empleo no registrado, limitando la acción sindical, solo por citar alguna. Dada su flagrante ilegalidad, esta reforma ya ha merecido una orden de no innovar por parte de la Justicia Laboral Argentina.
? Propicia la reducción presupuestaria a las áreas de ciencia, tecnología y cultura, eliminar la obra pública, y reduce los ingresos de trabajadores y jubilados, mientras libera las tarifas de los servicios esenciales, beneficiando a las grandes empresas prestadoras.
? Por último, avanza con la venta de las numerosas empresas del Estado que dan importantes ganancias, como YPF, ARSAT o Aerolíneas Argentinas, entre otras, incluso ignorando lo dispuesto en la Constitución respecto a la potestad de las provincias sobre los recursos naturales, y lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT respecto de las comunidades originarias.
Por todo lo expuesto, los integrantes de la RED FEDERAL PARA LA DEFENSA DE LOS DDHH Y LA DEMOCRACIA solicitan a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, al Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, al Relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, al Relator especial sobre el derecho al desarrollo, a la Relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, a la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y al Grupo de trabajo sobre la detención arbitraria que presten especial atención a la grave situación en Argentina, cada uno en el marco de sus competencias correspondientes, y que visiten la Argentina a efectos de verificar in situ las graves violaciones a los derechos humanos aquí denunciadas.
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